En diciembre de 2020, la derogación de la Ley 27360, conocida como el Régimen de Promoción Agraria, marcó un cambio significativo en el sector agrario peruano. Esta ley había sido clave para el auge del sector agroexportador, generando empleo formal y transformando desiertos costeros en áreas fértiles. Entre 2004 y 2019, la agricultura moderna experimentó un notable crecimiento, convirtiéndose en el segundo sector exportador, con un incremento anual del 13%. Sin embargo, la situación actual del sector contrasta drásticamente con su pasado exitoso.
La nueva ley agraria y la gestión durante el Gobierno de Pedro Castillo han tenido consecuencias negativas. La destrucción del empleo rural, la pérdida de competitividad en la agroexportación y la falta de inversiones destacan entre los desafíos actuales. Los costos laborales aumentaron, y la informalidad laboral alcanzó el 95.5% en 2022. La escasez de fertilizantes, la incapacidad gubernamental para apoyar a la pequeña agricultura y la amenaza de una segunda reforma agraria han afectado la seguridad jurídica y la predictibilidad para las inversiones.
En el periodo enero-octubre de 2023, las agroexportaciones experimentaron una caída del 2.6%, siendo la más fuerte en el rubro tradicional (-39.3%). La caída afectó especialmente a productos como el café, con una disminución del 44.5%, y se anticipa una reducción en las exportaciones de uva y arándanos para la campaña 2023/2024. Estimaciones de Macroconsult sugieren que las agroexportaciones podrían disminuir en un 0.9% este año, siendo la primera vez en 7 años. Además, la destrucción del empleo formal agroexportador es evidente, con una reducción del 19.4% en septiembre de 2023, equivalente a 100,000 empleos menos que en 2022, según el Banco Central de Reserva. La Asociación de Gremios Agrarios del Perú señala pérdidas significativas de empleo en áreas específicas, como Chavimochic, donde se estima la pérdida de 40,000 empleos.
En resumen, la derogación del Régimen de Promoción Agraria ha dejado un legado de destrucción del empleo formal, pérdida de competitividad e inversiones en el sector agrario peruano, contrastando con el período previo de éxito y crecimiento sostenido.
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